Una amenaza terrible se cierne sobre el
maltrecho sistema educativo español ya en malas condiciones por los
recortes de los últimos cursos: se trata de la LOMCE (Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa). Está en fase de proyecto
de ley y será presentada a trámite parlamentario en los próximos
días. No se trata simplemente de otra ley educativa más que los
estamentos del sistema educativo tenemos que sufrir como cada vez que
hay un cambio de gobierno, ojalá fuera sólo eso. Desgraciadamente
es algo muchísimo peor, se trata de una ley que si la sociedad
española no logra parar va a modificar profundamente la naturaleza
de la escuela pública que disfrutamos, con todas sus virtudes y
defectos, en los últimos años.
Por supuesto la ley sólo existe como
borrador , dos se han presentado hasta el momento , y puede ser
modificada en su trámite parlamentario, pero las circunstancias
políticas ( la mayoría absoluta amplia del partido en el gobierno y
la voluntad de imponer unas medidas de fuerte carácter ideológico,
que satisfagan a los más radicales de sus partidarios y compensen
los incumplimientos de promesas económicas) hacen temer que la ley
saldrá adelante con sus graves defectos actuales y en el tiempo más
breve posible.
Ante la imposibilidad de analizar la
LOMCE en todos sus aspectos negativos en el corto espacio de este
artículo, me centraré tan sólo en tres de sus novedades
fundamentales que pueden a su vez representar los tres elementos
especialmente negativos del nuevo proyecto: crea una escuela
segregadora (a) , autoritaria ( b) y con una presencia mayor de lo
religioso ( c) y todo dentro de unos objetivos generales de corte
estrictamente neoliberal . Como se puede leer en el prólogo de uno
de los borradores, el objetivo de la ley es exclusivamente formar
trabajadores que compitan en el mercado laboral. Olvidémonos por
tanto de formar ciudadanos o de proporcionar una formación cultural
A
En la nueva ley se introducen varias
pruebas de nivel en distintos momentos del proceso educativo. Estas
pruebas, a las que se evita llamar reválidas, separarán al
alumnado en diversos itinerarios que no se comunican entre sí
posteriormente. Es decir si un niño o niña de una edad determinada
no supera una de estas pruebas pasará a un plan B, un auténtico
ghetto educativo. Las medidas de refuerzo para el alumnado con
necesidades especiales disminuyen drásticamente frente al modelo
actual pero no permiten en ningún caso reincorporación alguna a la
vía principal.
Pero el efecto segregador no queda
limitado al alumnado, el propio centro educativo quedará evaluado
por los resultados conjuntos de estas pruebas y pasaría a recibir
más o menos recursos en función de su éxito o fracaso en los
resultados que evaluaría una agencia externa a la propia escuela.
Dado que los resultados se harían públicos, el efecto a los pocos
años es fácil de presuponer : los mejores alumnos y alumnas
tenderían a ir a los centros con mejores resultados que
,previsiblemente, cada vez los tendrían mejores dado que tendrían
más recursos y alumnos que parten ya con una preparación mejor . Y
lo mismo pasaría con los peores centros que serían aún peores y
con un alumnado más necesitado de ayuda escolar. Si a esto le
añadimos las facilidades dadas a los centros privados concertados,
de la que hablaremos más adelante, el resultado será que frente a
la escuela pública actual, bastante equitativa, habrá una gran
diferencia socioeconómica entre los centros futuros
B
Pero además la nueva escuela es
profundamente autoritaria. Y esto es así no sólo porque se suprima
la capacidad de decisión de los órganos de participación (los
actuales Consejos escolares en los que participan representantes de
todos los estamentos educativos) sino sobre todo porque se dan unas
atribuciones a la dirección que incluyen la selección de personal.
En una peculiar interpretación del concepto de autonomía de los
centros educativos, es la dirección la que tendrá capacidad de
decisión sobre incluso las asignaturas o diferentes opciones que se
implanten en el centro y esto estará por encima del actual sistema
de propiedad de plazas por parte de los funcionarios que rige
actualmente. Como a su vez los directores son elegidos por la
administración es fácil adivinar lo que pueda pasar con el personal
que se muestre rebelde ante las autoridades.
C
Por último, la ley supone un grave
retroceso en el tema de la confesionalidad religiosa. La Iglesia
Católica consigue, además de la eliminación de la asignatura de
Ciudadanía, una reivindicación que venía sosteniendo desde hace
años: para reforzar el peso de la Religión en el expediente
académico se hace que la asignatura alternativa para quien no desee
cursar Religión sea también evaluable. Además y para colmo, esta
asignatura consistirá en Valores éticos. El mensaje es claro y
directo: los que no cursan Religión necesitan una guía
suplementaria
Un aspecto más en el que se beneficia
directamente a la Iglesia católica es en lo relativo a los centros
privados concertados (no olvidemos que la inmensa mayoría son de
carácter religioso). Se facilita la concertación, extendiéndola
incluso al Bachillerato (algo que no sucedía hasta ahora) y además
se blindan explícitamente los centros que segregan por sexo (en este
caso los beneficiados son directamente ciertas organizaciones
religiosas como el Opus Dei ) a los que no se les podrá retirar el
concierto por ese motivo.
En resumen, la situación es tan grave
no resulta nada extraño que se hayan convocado una serie de
movilizaciones que tienen como acto principal una huelga general del
sector para el próximo 9 de mayo. Convoca la Plataforma Estatal por
la Escuela Pública, que incluye a organizaciones tanto de docentes
como de alumnado y de madres y padres de todas las etapas de la
enseñanza.
Artículo publicado en el diario La Opinión el día 4 de Mayo del 2013 dentro del espacio del Foro Ciudadano.
